La idea de pobreza cultural ha resonado estos días entre los que nos movemos en el sector. En la presentación del informe anual del Consell Nacional de la Cultura i les Arts se hablaba de que había aumentado un 10% en Cataluña. El concepto, según este documento, se refiere a “las personas que consideran que tienen menos acceso al consumo cultural que aquellas que son demográficamente y socialmente similares”. Esta percepción no tiene demasiado que ver con tener cerca del domicilio un equipamiento cultural sino con el uso habitual que se hace de dicho equipamiento, que, por lo visto, no supera el 16%.

En un interesante estudio del observatorio vasco de la cultura del año 2016 se explica que la investigación en pobreza y la investigación en cultura se han hecho desde ámbitos académicos muy diferentes. En el primer caso han sido especialmente los economistas o los politólogos los que la han trabajado. En el segundo caso, los humanistas, historiadores o antropólogos. Hay, sin embargo, un economista que ha sido clave en la definición de un punto de encuentro entre ambos mundos, se trata de Amartya Sen y de su teoría sobre las capacidades que evalúa las posibilidades reales que tienen los individuos para ejercer sus libertades. Dicho de manera sencilla, no es lo mismo poder ir a la biblioteca que tener la capacidad para hacerlo, y, como bien sabemos, en el caso de las bibliotecas la barrera no es económica.

Esta teoría, que ha influido notablemente en las políticas de las relaciones internacionales y la cooperación al desarrollo, hace hincapié más que en la pobreza entendida como falta de ingresos, en la exclusión social como fenómeno que va más allá de los aspectos materiales y que tiene mucho que ver con la cultura percibida como espacio de participación y como derecho fundamental.

El enunciado del derecho a la cultura se refiere esencialmente a este carácter participativo de muchas de las expresiones culturales, tanto desde la perspectiva de los hábitos de consumo cultural como desde la aportación y producción cultural que cada individuo puede hacer a través de prácticas artísticas o culturales profesionales y amateurs, voluntariado en asociaciones culturales, contribución intelectual al enriquecimiento del patrimonio y a la diversidad cultural, etc.

Desde esta perspectiva, cuesta asumir la idea de pobreza porque la memoria y la creatividad son, sin duda, competencias o capacidades casi innatas pero que indiscutiblemente hay que fomentar social y políticamente para convertirlas en activos y en riqueza. Dejadme citar dos ejemplos de entre los muchos que podríamos encontrar y que indican otras tendencias: la semana pasada 75 chicos y chicas de 4º de la ESO del IES Salvador Espriu de Salt estrenaban en Temporada Alta el espectáculo ideado y producido por ellos mismos, El cos es cola (“El cuerpo se cuela / El cuerpo escuela”). A través del proyecto Un museu a l’aula (“Un museo en el aula”) de la Fundación Carulla, los chicos y chicas de 4º de la ESO del IES Joan Amigó i el Morell están este año decidiendo cuál es el patrimonio y la memoria que quieren transmitir y preservar y cómo hacerlo a través de los lenguajes expositivos.

Eduard Delgado, fundador de INTERARTS, fue el impulsor de la Carta de los Derechos Culturales de los Ciudadanos y Ciudadanas de Barcelona, ​​que se elaboró ​​conjuntamente con el Institut de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona en 2002. En 2004, también en Barcelona, ​​INTERARTS coordinó un diálogo internacional pionero sobre derechos culturales. Tal vez convendría retomar el hilo de estas iniciativas y hacernos seriamente la reflexión de si es sostenible, socialmente hablando, renunciar a tanta riqueza cultural que no se ve convocada a participar a través de las instituciones y propuestas culturales convencionales.

Gemma Carbó, presidenta del Patronato de la Fundación Interarts